Madrid, 15 de febrero de 2019. Las farmacias, como establecimientos privados de interés público que son, están sometidas a una serie de exigencias cuyo cumplimiento puede ser objeto de inspección por parte de diferentes administraciones y organismos públicos: Desde las CC.AA a la Aemps, pasando por la Agencia de Protección de Datos, organismos vinculados a Hacienda, Medio Ambiente, Consumo, Inspección Laboral… Se trata de inspecciones que se pueden ser, según la causa que las originan, obligatorias (se realizan siempre a la hora de abrir una nueva farmacia o de proceder a su modificación, traslado y traspaso); programadas (responden a los planes de inspección de las CC.AA); o puntuales (originadas a raíz de la denuncia de un usuario u otro farmacéutico o las que se realizan tras comparecer ante la inspección). Todas ellas con distintas consecuencias según la responsabilidad en la que incurre el titular.
Las responsabilidades más comunes que afectan a las farmacias son las derivadas de las actuaciones administrativas llevadas a cabo por las autoridades sanitarias, que conllevarían, en caso de observarse infracción, la imposición de una sanción: leve (multa de 300 hasta 3.000 euros), grave (hasta 15.000 euros) o muy graves (hasta 60.000 euros). Hay múltiples y variados ejemplos: que la farmacia desarrolle un horario ampliado sin tramitar el nombramiento de, al menos, un adjunto (sanción leve de 300 euros); hacer publicidad destinada al público de medicamentos sujetos a prescripción médica (infracción grave sancionada con 6.912 euros); ofrecer bonificaciones y descuentos o servicios gratuitos a los pacientes que se hacen una tarjeta de fidelización (infracción muy grave sancionada de 15.030 euros)… Se tratan de sanciones que pueden evitarse siguiendo una hoja de ruta basada en la responsabilidad, la vigilancia y el control. Es necesario estar preparados de cara a una inspección sanitaria, y la mejor forma de hacerlo es evitar algunos errores sancionables que solemos apreciar.
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