Madrid, 19 de junio de 2017. Juristas y docentes consultados por CF coinciden en señalar que las sanciones a los farmacéuticos son «abusivas» y «desproporcionadas». A esta consideración se añade la realidad de que cada autonomía difiere a la hora de fijar las cuantías de las infracciones leves, graves y muy graves. Así, Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias y La Rioja son las autonomías con topes más altos, ya que establecen el grado máximo de las infracciones muy graves en un millón de euros, como así lo recoge también la Ley 29/2006 de 26 de julio de Garantías y Uso Racional del Medicamento.
Las infracciones son prácticamente las mismas, pero las sanciones son diferentes, según explica a CF Ángel Giner, asesor jurídico del COF de Zaragoza: «Se produce una duplidad de tipos entre la ley nacional y la autonómica y un conflicto jurídico a resolver, ya que son leyes que se solapan. Un mismo acto, enjuiciado a través de la ley de ordenación farmacéutica de la autonomía que corresponda, es merecedor de una sanción y, si se aplica la Ley de Garantías, merece otra sanción diferente. No todas, no es el cien por cien, pero hay conductas tipificadas en ambas leyes».
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